Irregularidades y denuncias por un pago con terrenos
El pago de deudas municipales a cambio de terrenos ha generado acciones penales y administrativas en Mendiolaza. Como informásemos oportunamente, en octubre de 2023 Carlos Dominguez Linares habría saldado mediante dación en pago de dos terrenos una cuantiosa deuda que mantenían sus representados con el municipio. Desde la actual gestión se dio inicio en septiembre a una acción de lesividad en el ámbito administrativo, en busca de revocar este acto, que entienden económicamente perjudicial. Tras los avances favorables al municipio en esta instancia, se decidió proceder con la denuncia penal contra el ex intendente y otros ex funcionarios, por el perjuicio que habrían sufrido las arcas municipales por esta acción. Ayer se conoció que la municipalidad de Mendiolaza inició acciones penales contra el ex intendente Daniel Salibi, la ex asesora letrada Sandra Ferracane, y el ex Secretario de Hacienda Emilio Marcolongo.
El origen del conflicto: la dación en pago
«La misma inmobiliaria decía que se trataba de terrenos que eran inundables». Cuestionan una dación en Mendiolaza
Carlos Domínguez Linares ofreció al municipio de Mendiolaza dos terrenos para saldar una deuda millonaria que totalizaba más de $21 millones. Los terrenos, inicialmente presentados como cercanos a una zona comercial y con potencial de desarrollo, tenían un valor estimado entre uno y un millón y medio de pesos cada uno, según la valuación adjuntada entonces. Sin embargo, investigaciones revelaron que los lotes no pertenecían a Domínguez Linares, sino a su madre fallecida, lo que generó dudas sobre la validez de la transacción. Además, la falta de una evaluación técnica adecuada y de estudios de mercado evidenció otras irregularidades en la operación, ya que el municipio no contaba con las herramientas necesarias para asegurarse de que los terrenos eran aptos para ser utilizados como pago.
La falta de estudios de mercado, tasaciones formales o análisis catastrales precisos dejó abierta la posibilidad de que el municipio aceptará una dación en pago por terrenos cuyo valor real sería muy inferior al presentado inicialmente. A eso se suma el hecho de que los terrenos se ubican en una zona inundable por estar en la vía de desagote de escorrentías provenientes del B° 4 Hojas, lo que disminuye considerablemente su utilidad, así como su valor de mercado.
Primero la vía administrativa
Al percatarse de las irregularidades que rodeaban la transacción, el municipio de Mendiolaza, bajo la nueva administración, decidió iniciar una acción de lesividad. Este es un procedimiento administrativo que permite a una entidad pública solicitar la nulidad de un acto que es perjudicial para el interés público con fundamento en su disconformidad con el ordenamiento jurídico que le era aplicable.
El municipio inició la acción de lesividad ante la Cámara Contenciosa Administrativa, buscando anular el acuerdo de dación en pago que había sido aceptado por el ex intendente y que, a juicio del actual gobierno, resultaba gravemente lesivo para las arcas municipales. “Hay un dictamen del fiscal de la Cámara Contenciosa Administrativa que muy contundentemente aconseja, se declare procedente la acción de declaración de ilegitimidad”, señala César Tillard, actual asesor letrado del municipio.
El fundamento de la acción de lesividad radica en la falta de validez del poder presentado por Domínguez Linares para representar a su madre fallecida en la transacción, así como en la ausencia de un proceso adecuado de evaluación del valor de los terrenos. La Cámara Contenciosa Administrativa recibió toda la documentación del expediente administrativo, incluyendo el dictamen del fiscal que se pronunció a favor de la nulidad del acuerdo. Sobre esto Tillard relata “Fueron citados a juicio, no comparecieron y se los declaró en rebeldía. Siguió la causa, se abrió la causa a prueba. Intervino el fiscal de la Cámara Contenciosa y en un dictamen bastante extenso, entiende la procedencia de la declaración de ilegitimidad, tanto del contrato como del decreto. En ese momento comparece el vecino y se allana, y pide al juez que declare la ilegitimidad de la pretensión”
Un aspecto importante de esta acción es el allanamiento de Domínguez Linares. En el contexto judicial, allanarse significa que una de las partes reconoce los hechos que se le imputan y acepta las consecuencias legales correspondientes. Domínguez Linares decidió allanarse a la acción de lesividad, reconociendo que no tenía un poder suficiente para realizar la dación en pago y que había actuado basándose en un supuesto «consentimiento verbal» según detalla Tilard. Este allanamiento refuerza la posición del municipio y facilita la posibilidad de que la Cámara Contenciosa declare nula la transacción. “Todavía no está declarado ilegítimo, pero se encamina a eso porque tenés un dictamen de un fiscal de la Cámara que dice que sí y tenés el allanamiento. La justicia va a declarar ilegítimo y con eso, se retrotrae todo a mayo del año pasado”, señala Tillard.
Cabe destacar en este punto, que si bien en un momento en el Concejo Deliberante, la presidenta Lucia Roselli mencionó que Carlos Dominguez Linares habría reconocido que se trataba de una estafa, esto no es así. Allanarse a la pretensión administrativa impulsada por el municipio, no implica reconocimiento expreso de un delito penal, ya que esto cursa por una vía separada, y no es objeto de esta acción. El allanamiento de Domínguez Linares no implica necesariamente la admisión de culpabilidad en términos penales, pero sí es un reconocimiento de que los actos administrativos en los que participó no fueron llevados a cabo conforme a la ley. Al haberse allanado, Domínguez Linares aceptó la nulidad del acuerdo y evitó así un proceso judicial más largo y costoso en la vía administrativa. Sin embargo, este allanamiento también puede tener implicancias importantes en la causa penal que se inició paralelamente.
Denuncia contra el exintendente, exfuncionarios y otros involucrados
La denuncia fue realizada el 17 de octubre y dada a conocer hoy. Acciones penales y administrativas en Mendiolaza
Además de la acción de lesividad, el municipio presentó una denuncia penal contra el ex intendente de Mendiolaza Daniel Salibi, el ex secretario de Hacienda Emilio Marcolongo, y la ex asesora letrada Sandra Ferracane. La acusación se basa en que estos funcionarios habrían aceptado la dación en pago sin contar con la documentación necesaria para garantizar que la operación fuera legal y beneficiosa para el municipio.
La denuncia penal apunta a posibles delitos relacionados con la administración fraudulenta y el manejo inadecuado de los recursos públicos, formalmente expresada como una “posible comisión del delito de defraudación previsto y reprimido por los artículos 172 ss y cc, del Código Penal“. En el contexto de la crisis económica que atravesaba el municipio, aceptar terrenos de dudoso valor para saldar deudas fue visto como una decisión perjudicial para las finanzas municipales. Según la denuncia, Salibi, Marcolongo y Ferracane habrían actuado de manera negligente o incluso dolosa al aceptar la dación en pago sin hacer las verificaciones necesarias.
Es importante destacar que la denuncia penal no sólo se dirige contra estos tres actores principales, sino que también se mantiene abierta la posibilidad de que otras personas involucradas en la transacción sean investigadas y eventualmente imputadas. Por ejemplo, aunque la inmobiliaria que realizó la tasación inicial de los terrenos no está incluida en la denuncia original, podría ser objeto de una investigación separada si se determinara que actuó de manera negligente o con la intención de favorecer la operación. También dejan abierta la posibilidad de que el municipio se constituya en querellante de la causa, si así se requiere.
La vía administrativa y la vía penal: conexiones y diferencias
Es fundamental entender que, aunque las acciones administrativas y penales están relacionadas, siguen caminos distintos. La acción de lesividad busca anular el acto administrativo (la dación en pago) y no necesariamente tiene implicancias penales. Sin embargo, los resultados de la vía administrativa pueden influir en el proceso penal. Por ejemplo, el allanamiento de Domínguez Linares, así como los documentos reunidos en el expediente administrativo, podrían ser utilizados como pruebas en el juicio penal. Esto es especialmente relevante en el contexto de la denuncia, ya que si se demuestra que la dación en pago era nula desde su origen, esto reforzaría la acusación de que los funcionarios actuaron de manera negligente al aceptarla.
Sin embargo, el proceso penal tiene una lógica diferente. Mientras que la Cámara Contenciosa Administrativa debe determinar si el acto administrativo fue legal, procedente y ajustado a la norma o no, la justicia penal debe investigar si hubo delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye determinar si hubo intencionalidad de causar un perjuicio al municipio o si simplemente se trató de un error administrativo.
El futuro del caso
El caso de la dación en pago en Mendiolaza está lejos de resolverse. En la vía administrativa, la Cámara Contenciosa todavía debe dictar una sentencia definitiva sobre la nulidad del acuerdo. Aunque el allanamiento de Domínguez Linares facilita el proceso, todavía es necesario que se cumplan los trámites legales correspondientes. Una vez que se concrete, según comenta Tillard, desde el municipio se deberán realizar las tasaciones y cálculos de la deuda que se retrotrae a mayo de 2023, y ejecutarlas a los deudores que corresponda. En ocasión de las negociaciones con los empleados municipales, trascendió que parte de estas deudas, se utilizarían para abonar sueldos y demás costos relacionados a pagos de haberes y otras obligaciones que hoy mantienen al municipio en vilo.
Por otro lado, en la vía penal, la denuncia contra Salibi, Marcolongo y Ferracane está en una etapa inicial de investigación. Se espera que la justicia penal examine en detalle las pruebas presentadas por el municipio y determine qué responsabilidad les cabe, y si existen más responsables en este caso. La posibilidad de que otros actores, como la inmobiliaria que tasó los terrenos, o los propios deudores sean investigados está latente y dependerá de los avances en la causa.
Además, impacta desde el análisis político local. La decisión del ex intendente de aceptar la dación en pago, en medio de una crisis financiera, ha sido duramente criticada por la actual administración municipal, que ve en este episodio un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos. Las posibles consecuencias judiciales para los implicados podrían tener un impacto significativo en el panorama político de Mendiolaza en los próximos años. En este sentido, si bien el futuro del caso dependerá tanto de las decisiones de la Cámara Contenciosa Administrativa como de los avances en la causa penal. Lo que se ha puesto en el centro del debate es la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los recursos municipales.
