Quién controla a los que controlan
El Departamento Ejecutivo de Mendiolaza busca ratificar en el Concejo Deliberante un convenio firmado en febrero con una empresa privada para la instalación de cámaras de seguridad en Mendiolaza. El acuerdo se encuentra vigente desde el 28 de febrero cuando fue firmado por la Intendenta con la empresa Cascada Blanca SA, pero recién en mayo fue enviado para su ratificación al Concejo Deliberante. El acuerdo suscripto por el Ejecutivo supone la puesta en marcha de una prueba piloto, mediante instalación de cámaras en y un centro de monitoreo emplazado en Av. Tissera a cargo de empleados municipales.
Desde la oposición se cuestionó el tiempo transcurrido hasta su llegada al Concejo, como también sus incompatibilidades con la ley provincial de seguridad suscrita en febrero por el municipio.
Según se informó en las redes de la Municipalidad, la Intendenta y el secretario de Gobierno, Alejandro Medrano, visitaron en enero la empresa elegida, cuando aún Mendiolaza no había adherido a la Ley de Seguridad. Desde entonces hasta ahora, nuestro portal gestionó entrevistas con diferentes funcionarios para evacuar los interrogante que se fueron acumulando desde entonces. Pero las entrevistas no fueron concedidas.
El martes próximo el proyecto se tratará por segunda vez en comisión en el Concejo. Ese día, aunque por otro tema, se anunció que estará presente Alejandro Medrano. Será la oportunidad para que ediles y ciudadanos pregunten lo que este medio no pudo: con qué potestad se iniciaron las negociaciones con la empresa, cómo se la eligió, cuánto costará el servicio si se la contrata, exactamente para qué se usarán las cámaras, quienes y cómo manipularán la información que se obtenga sobre los ciudadanos de Mendiolaza.
Acuerdo municipal
El municipio suscribió un acuerdo de uso gratuito y de prueba, de sistema de cámaras y acuerdo de confidencialidad con una empresa privada.
Desde los comienzos de la nueva gestión al igual que durante la campaña, las propuestas en materia de seguridad fueron un eje importante.
A poco más de un mes de haber asumido, ya se anunciaban por las redes oficiales del municipio, conversaciones con empresas privadas para operativizar un sistema de vigilancia en la ciudad. Aunque el texto hablaba de empresas, en plural, el video mostraba sólo la reunión con una.
Esta gestión del Ejecutivo, se materializó mediante un convenio que se puso en marcha a fines de febrero, y se instrumentó mediante la colocación de las cámaras y el centro de monitoreo sobre la Av. Tissera, que la Intendenta nombró ya como un hecho en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
El acuerdo en cuestión establece la encomienda a la empresa contratada de la instalación, a modo de prueba, de un sistema de cámaras e informático, de manera gratuita y con un plazo de 180 días a prueba a contar desde el 28 de febrero. Las imágenes capturadas, se almacenan por un periodo de 60 días, tras lo cual deberán ser descartadas. El objetivo del convenio suscrito, es evaluar la eficacia y utilidad de dicho sistema para potenciar la seguridad y vigilancia en la ciudad. Eventualmente, una vez concluido el periodo de prueba, las partes podrán convenir extender el vínculo de manera definitiva mediante la celebración de un nuevo convenio específico. En el mismo acto se firmó un compromiso de confidencialidad, detallando las personas que tienen acceso a estas imágenes, y obligándose a no difundir este contenido considerado «información confidencial», prohibiendo su acceso a terceras personas, ajenas al acuerdo entre la empresa y el municipio.
El convenio firmado por la intendenta, ingresó al Concejo Deliberante para ser ratificado, a fines de mayo. Desde el oficialismo se manifestó en trabajo de comisión, que estos meses han servido con fines de capacitación del personal que está a cargo del monitoreo.
Dudas y objeciones en el debate
El 14 de febrero se firmó la adhesión a la ley provincial de seguridad. Esta ley prevé un trabajo conjunto e integral entre municipio y provincia. Si bien se respetan las autonomías municipales, pone el foco en cabeza de la provincia en todo lo relacionado a videovigilancia, y capacitación del personal que llevará a cabo las tareas de control.
Por este motivo, al momento de su debate en Comisión, el concejal opositor Gerardo Felipa manifiesta sus dudas con relación a la necesidad de este acuerdo con una empresa privada. Al ser consultado al respecto sostiene “no entiendo por qué ratificar un convenio que ya está en vigencia y que ya tiene su tiempo. Los motivos del proyecto no están. Habla de la importancia de contar con una herramienta de este tipo para los efectos de cuidar la seguridad ciudadana. El uso por cuestiones de seguridad y otras, como es la que se está comentando en el tema de las multas y ese tipo de cosas, que ha sido recientemente habilitado inclusive por el gobierno, pero con cámaras y con sistemas ya instalados por la provincia. O sea, son dos cosas distintas. Yo lo que he descubierto es que el gobierno provincial no está al tanto de esta instalación, de este convenio, porque no lo indica el proyecto. Y porque además no es la forma que ha propuesto para trabajar la Ley a la cual la Municipalidad adhirió con la Ordenanza 1044 que es la Ley 10954. Esa ley dice que inclusive hasta te puede proveer este tipo de cosas el gobierno. Puede proveer vehículos, armamento no letal, pero también te brindaría asistencia técnica para la elaboración de sistemas locales de prevención y convivencia. Como mínimo, que es lo importante de esto, se debería elaborar un plan en conjunto porque tiene que ser con ellos, porque eso es lo que propone la ley provincial.»
De esta manera, se abren algunas incógnitas con relación a estos sistemas. Por un lado, la existencia de un convenio con una empresa privada, que se llevó a cabo con posterioridad a la adhesión a la ley provincial de seguridad. A su vez, en este convenio no se especifican los costos que implican al municipio en caso de continuar el acuerdo vencido el plazo de prueba. En este punto, en comisión la presidente del Concejo Deliberante, Lucia Roselli, manifestó que los costos son muy elevados, pero sin mayores precisiones al respecto. Al mismo tiempo, surgen dudas sobre la utilización del material obtenido, ya que al tratarse de un periodo de prueba y de un convenio que aún no ha sido ratificado, las imágenes obtenidas hasta el momento carecen de validez probatoria para cualquier fin.
Qué es la videovigilancia y cómo funciona en Córdoba
En nuestra provincia el sistema de videovigilancia se articula con la provincia. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo, y al tener la provincia la exclusividad del poder de policía, deben tomar parte en el control de esta imágenes de acuerdo a la Ley Provincial de Seguridad suscrita por el municipio. Esto se complementa con la ley 9380 que regula el sistema de videovigilancia de la Policía de Córdoba. Esta ley en su artículo 8 establece “La instalación de cámaras o de cualquier otro medio técnico o sistema similar, así como el uso de las imágenes y sonidos que se capten u obtengan en los términos de la presente Ley, está sujeta a un régimen de autorización cuyo trámite se instrumentará por vía reglamentaria.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, determine la ubicación en la que se instalarán las cámaras, los medios técnicos o los sistemas similares en la vía pública, lugares públicos o de acceso público.La población será informada de manera clara y permanente de la existencia de cámaras, medios técnicos o sistemas similares, sin especificar su emplazamiento.»
De este modo, de acuerdo al marco normativo provincial, se pone en cuestión el convenio con una empresa privada, ya que se cuenta con la estructura que brinda la provincia para dar respuesta a la necesidad de contar con sistemas de prevención a través de la video vigilancia.
¿Podemos saber dónde están?
Resulta de especial relevancia que los vecinos conozcan a grandes rasgos, los lugares donde se encuentran emplazadas las cámaras. Aun así, no es necesario brindar públicamente la ubicación específica. Es muy común divisar en la vía pública este tipo de dispositivos, aunque no podemos estar seguros si corresponden a un sistema público o privado. La normativa (Ley 9380) indica no precisar sus ubicaciones pero sí dar a conocer de la existencia de estos dispositivos: “La información al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras (…) deberá ser efectiva desde el mismo momento en que se proceda a la utilización de las mismas, debiendo mantenerse actualizada de forma permanente. Dicha información, que no especificará el emplazamiento concreto de las instalaciones fijas de videocámaras, deberá contener en todo caso una descripción genérica de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de la autorización y custodia de las grabaciones. A los efectos de informar al público se utilizará una placa informativa, en la cual figurará el pictograma de una cámara de video (..)”.
Cámaras y fotomultas
Desde el año 2021 con la modificación a la ley provincial 9380, la provincia comparte las imágenes de las cámaras de seguridad con los municipios para que estos puedan labrar multas contra aquellas conductas tipificadas que impliquen contravenciones. De esta manera, con estas imágenes se podrán labrar multas de tránsito, entre otras conductas que contravengan ordenanzas municipales vigentes. En estos casos, las imágenes son brindadas a la persona afectada para que pueda realizar su descargo en caso que corresponda. Actualmente en Mendiolaza, las cámaras mencionadas en el convenio con la empresa privada, quedan totalmente por fuera de este marco normativo que legitima las imágenes obtenidas. No obstante, crece entre los vecinos la preocupación, tras haber recibido multas en horarios donde no había inspectores presentes, al menos de manera visible. “Me hicieron 5 multas en el mismo lugar, desde que pusieron las cámaras” manifiesta un vecino que circula por avenida Tissera. Otra vecina, comparte una multa labrada un día domingo a las 13:30 horas. Aunque oficialmente no se ha manifestado desde el municipio que se hayan utilizado las cámaras para labrar estas multas, la duda por parte de algunos vecinos está instalada.