No hay precisiones sobre la deuda del municipio
Desde antes de que se aprobase la Emergencia Económica ronda la pregunta sobre cuáles son los números en Mendiolaza. La concejal Catraro presentó un pedido de informes al respecto, al que todavía no se le ha dado curso. La Municipalidad, mientras se trataba la Emergencia en el Concejo, difundió un comunicado en el que aseguran que la deuda es de $1.500 millones, pero sin detallar los números precisos. Por su parte el ex intendente sostiene que al momento del traspaso de la gestión sólo existía una deuda con proveedores de $60 millones. Mientras tanto, no se dispone de documentación que permita corroborar ninguna de las dos versiones. El último balance que ingresó al Concejo, en noviembre pasado, fue el correspondiente a septiembre de 2023.
El pedido de informes
El 7 de agosto pasado, antes de la declaración de Emergencia, la concejal María Lina (Melina) Catraro presentó un pedido de informes sobre el estado de las finanzas del municipio. El pedido ingresó a la semana siguiente, pero aún no ha sido elevado.
El pedido se refería a dos ámbitos: la situación de los empleados y los ingresos y egresos de las arcas municipales. Sobre la realidad de los trabajadores, indagaba a cerca de sueldos adeudados, falta de implementos de trabajo adecuados y baños clausurados. Sobre los ingresos y egresos, solicitaba los balances mensuales obligatorios por ley y el resultado obtenido por las medidas recaudatorias dispuestas por la actual gestión.
Aunque el planteo de Catraro fue considerado en comisión por el Concejo Deliberante, en la última sesión los ediles oficialistas decidieron, haciendo valer su mayoría, que el tratamiento fuese postergado hasta que tenga lugar una reunión con el Ejecutivo. De la reunión, que se realizaría en el término de 10 días corridos, participarían los integrantes del Concejo y los del Tribunal de Cuentas.
Los dos bloques opositores se opusieron a la moción por considerar urgente que se conozcan de manera pública los datos solicitados y subrayaron que la Emergencia se había aprobado sin ese detalle imprescindible.
Ante la postergación del tratamiento impuesta por el oficialismo, el concejal, Felippa mocionó formalmente que la reunión con el Ejecutivo se realice en la sede del Concejo y que sea pública. Pero la propuesta fue rechazada por los representantes del PRO.
De $60 millones a $1.500 millones
En el acto de asunción del nuevo gobierno, el intendente saliente aseguró que la deuda que dejaba su gestión era de $60 millones y que era deuda flotante, es decir deuda corriente con proveedores a los que todavía no se les había pagado. La misma versión sostuvo durante la entrevista realizada por Demendiolaza la semana pasada.
Durante ese mismo acto la actual Intedenta aseguró que recibían un déficit fiscal por más de $77 millones en lo que iba del año 2023, más los $58 millones del déficit del año 2022. Sueldos a pagar por más de $230 millones y otras obligaciones por más de $665 millones de pesos, entre los cuales se encuentran proveedores, créditos a corto y a largo plazo.
Desde entonces, no hubo números oficiales hasta el momento del tratamiento de la Emergencia Económica. Mientras el proyecto era debatido en el recinto del Concejo, desde el municipio se envió un comunicado de prensa en el que se enumeraban una serie de deudas dejadas por la gestión.
En el comunicado sólo se precisaba una cifra, los $398 millones reclamados por Epec y se informaba que «El total del monto de deuda heredado asciende a los mil quinientos millones de pesos».
Ninguna de estas dos cifras fue incluída en los fundamentos de la ordenanza de Emergencia Económica.
Un año sin balances
Tal como lo cita la concejal Catraro en su pedido de informes, la Ley que fija el Régimen de Municipios y Comunas, obliga a los gobiernos locales a hacer público el balance mensual de Tesorería, con el estado de ingresos y egresos.
A fines de junio de este año el Gobierno municipal dispuso que a partir del segundo semestre del este año, se adaptase el sistema informático y se adecuasen procedimientos a las normas de administración financiera establecidos por la Ley 10.835.
Para ello se emplezó a la empresa Trilexa, prestataria del Servicio de Informatización de Registros Contables del municipio, a realizar en el término de 10 días un back up de la información resguardada en sus soportes y, en los cinco días siguientes, presentar un plan de trabajo para realizar las adecuaciones que sean necesarias en el sistema informático.
Según se informó a concejales y tribunos de cuenta, en una reunión sostenida con el Ejecutivo, la adecuación podía causar inconvenientes y retrasar el funcionamiento del sistema administrativo, con la consecuente demora en la información sobre el mismo.
A cuatro meses del inicio de esa adecuación, el Concejo Deliberante no ha recibido los balances del municipio, pero tampoco recibió los que correspondían a los meses anteriores de este año.
El último balance dado a conocer por el municipio, fue el correspondiente a septiembre del año pasado, e ingresó al Concejo en noviembre último.