La entrega administrativa del municipio y las protestas por Q3
El jueves, último día hábil antes de la asunción de las nuevas autoridades, se realizó la entrega administrativa del Municipio. Los responsables salientes de cada área dejaron sus tareas en manos de quienes ocuparán sus lugares el lunes. Alrededor de mediodía vecinos y militantes de organizaciones ambientalistas realizaron un acto en la explanada del edificio municipal durante el cual firmaron la denuncia contra los concejales que aprobaron Q3 y una nota dirigida a la nueva intendenta. Denuncias en el traspaso en Mendiolaza.
Una denuncia y una nota
«Nos juntamos los vecinos y vecinas que venimos trabajando esta problemática no solamente de la ampliación de Q2, sino también de los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se quieren aprobar en nuestra ciudad – explicó Angela Alessio – Antes de eso, necesitamos un ordenamiento territorial participativo, como prioridad de la nueva gestión y eso es lo que le solicitamos en la nota»
«La denuncia la formalizamos de acuerdo a lo que le dijimos a los concejales si aprobaban la prefactibilidad en una zona roja, haciendo algo que es ilegal por la ley provincial y por ley nacional. Y bueno, seguimos recabando firmas este fin de semana, tanto en adhesión a la denuncia como a la nota que vamos a presentar el lunes, organizándonos y esperando cuáles van a ser los movimientos y las prioridades de la próxima gestión. Estamos comprometidos en estar atentos, presentes, trabajando para Mendiolaza y cuidándola. Ese ha sido el espíritu, ese va a ser, y bueno, vamos a continuar con ese caminito», aseguro la hasta ese momento tribuno de cuentas.
La denuncia
Denuncias en el traspaso en Mendiolaza
Ángela María Alessio, Inés Adriana Valsagna y Walter Horacio Echenique firmaron la denuncia penal que el lunes se presentará en tribunales contra Lucía Rosa Roselli, Graciela De Lourdes Llanos, Sergio Alejandro Arguello y Roberto Cristian Nicolo por haber aprobado la prefactibilidad de la ampliación de B° Estancia Q2, denominada Q3.
Entre los antecedentes se cita la nota “en oposición a la aprobación de este desarrollo urbanístico, Ampliación Q2 / Q3, como a la de cualquier otra urbanización que comprometa al ambiente y a la calidad de vida, acompañada de 654 firmas de vecinos y vecinas”.
También se recuerda que el 13 de diciembre se presentó una Iniciativa Popular con el respaldo de 357 firmas, “cantidad superior al requerimiento de dicha Ley, certificadas por el Juzgado de Paz Municipal, con la finalidad de suspender los proyectos inmobiliarios en Mendiolaza hasta tanto se ponga en marcha un Ordenamiento Territorial Participativo”
La denuncia contra los concejales se funda en el artículo 248 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”
La Ley contra la que habrían obrado los ediles es la de Bosques. “El inmueble (…) se encuentra alcanzado por la “zona roja” de la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (…) reúne todas y cada una de las características que exige la norma de protección ambiental en cumplimiento imperativo del bien jurídico que la Constitución de la Nación (1994) viene a proteger y, cuya habilitación por parte de los Estados inferiores, deben proteger y asegurar”.
La denuncia asegura, además, que “no existe ninguna razón jurídica que constituya una excepción a la protección constitucional y legal afirmada, y no puede sostenerse que la llamada propiedad privada (CN Art 17) pueda tener una jerarquía superior al “derecho a un ambiente sano, equilibrado, y apto para el desarrollo humano…” (art. 41 de la misma Carta Magna), que trata de un bien común y no de uno privado”.
“Entendemos -y sostenemos- que los denunciados incurren en una omisión de los deberes y obligaciones que las leyes (…) le imponen como funcionarios públicos”, argumenta la denuncia que, finalmente, solicita que “Se inicie la Investigación Penal Preparatoria pertinente.”
La nota
Denuncias en el traspaso en Mendiolaza
Los vecinos reunidos en la explanada firmaron una nota dirigida a la nueva intendenta, que continuará sumando adhesiones hasta el lunes. En ella se solicita tratamiento prioritarios al proyecto de ordenanza presentado por Iniciativa Popular.
«Consideramos que el Ordenamiento Territorial Participativo de Mendiolaza constituye no solamente una necesidad imperiosa y urgente, que debiera ser encarada de manera conjunta entre el estado municipal, tanto poder ejecutivo como legislativo, organizaciones territoriales y la ciudadanía toda; sino también que debiera instituirse en el puntapié inicial de esta nueva administración, el marco institucional que fundamente y oriente las políticas gubernamentales a implementar.
Teniendo en cuenta además las graves problemáticas que padecemos en nuestra ciudad debido a la inexistente planificación que previera un crecimiento ordenado y sustentable, es que nos parece oportuno solicitarle que considere a esta Iniciativa como prioritaria y nos ponemos a disposición para facilitar los canales de comunicación y de acción que den inicio a este proceso».
