En Mendiolaza ya hubo un intento de revocatoria

En 1998 el Intendente fue contra los concejales

Contra lo anunciado, el pedido de revocatoria de la intendenta no fue presentado esta semana. Según explicó Alberto Dalmazzo, la constatación de que los firmantes figurasen en el padrón demoró el tramo final y la presentación se realizará el martes próximo. Este hecho podría ser calificado como inédito. Sin embargo, en Mendiolaza ya hubo un intento de revocatoria. El 6 de septiembre de 1998 los ciudadanos fueron a las urnas y votaron por Sí o por No a la destitución de todos los concejales. Ganó el No, pero de todas formas los ediles debieron abandonar sus bancas por intervención de la justicia.

Fuego Cruzado

Oscar Cruzado fue el primer intendente de la ciudad. En Mendiolaza ya hubo un intento de revocatoria

En el año 1998, durante la intendencia de Oscar Cruzado, la ciudad de Mendiolaza atravesó el primer intento de revocatoria. Aunque con el correr de los años, algunas de las razones que motivaron el proceso han quedado casi en el olvido, una cosa es clara: la crisis institucional escaló al punto de que primero los concejales buscasen destituir al Intendente y de que después el Intendente impulsase la revocatoria de los concejales.

Las actas en las que los debates quedaron plasmados se perdieron en la inundación de 2015, pero de acuerdo a otros documentos y a los testimonios de una veintena de personas consultadas por este medio, una de las principales causas de la ruptura entre el Intendente y los concejales, incluidos los oficialistas, fueron los conflictos judiciales derivados de la obra de agua y luz de El Talar.

Esta obra, que terminó en la justicia, con todos los concejales imputados penalmente, que más de 15 años en resolverse, y que comprometió seriamente las arcas municipales, habría sido el punto de inflexión.

A eso se sumaron otros enfrentamientos, como la falta de aprobación del presupuesto anual, y la aprobación de los concejales de un presupuesto propio que implicaba una serie de erogaciones y recursos que incluía recortes en los gastos oficiales. Ante esta situación, el Cruzado optó por reconducir las partidas del ejercicio anterior, profundizando aún más la división política.

En primera instancia, los concejales habrían intentado destituir al Intendente mediante un juicio político, sin embargo no lograron prosperar en su iniciativa.

Fue entonces cuando, con el impulso del Intedente, se reunieron las firmas necesarias para dar el primer paso en el proceso: el referéndum para que la ciudadanía se pronunciase por Sí o por No a la revocatoria contra todos los concejales.

Una elección poco recordada

El padrón era de 1.400 personas. En Mendiolaza ya hubo un intento de revocatoria

Como en un caso testigo de amnesia colectiva, muy pocos vecinos recuerdan haber asistido a las urnas a votar en este proceso.

Los siete ediles en cuestión fueron: José Luis Borojovich, Mariana Alonso, Walter Guzmán y Rafael Ludueña (UCR), Víctor Sueldo y Evaristo Pérez (PJ) y Marcos Tagle (Acción por la República).

Estaban habilitadas para votar unas 1.400 personas en las ocho mesas que se dispusieron en la escuela Domingo Faustino Sarmiento.

El padrón electoral que se utilizó fue el de 1995, que había sido denunciado oportunamente ante la Justicia Federal debido a las irregularidades que presentaba. Entre ellas la existencia de más de 30 electores con idéntico domicilio.

Los vecinos que concurrieron a expresar su voluntad se encontraron en el cuarto oscuro con dos boletas sábanas que incluían el nombre de cada uno de los concejales, y que en un caso decía «Sí» a la destitución de los ediles y en el otro «No» a la revocatoria. Cada elector podía cortar su voto, con lo cual la suerte de cada representante tuvo un destino individual y no de conjunto.

“Me acuerdo de que ganamos. Pero después de eso ya no me dediqué más a la política”, comenta Rafael Ludueña que entonces era representante del oficialismo y que es el único de aquellos concejales que todavía vive en Mendiolaza.

“Hubo que poner toda la carne en el asador, todo el aparato político que teníamos acá. Era una elección y había que ganarla, había que defender a los concejales – comenta Julio Kopp, quien presidía el circuito Mendiolaza del Partido Justicialista – Y le ganamos por muy poquitos votos”.

Así los concejales, oficialistas y opositares, ganaron en las urnas. Pero perdieron en la Justicia.

Sus bancas fueron ocupadas por los suplentes, quienes completaron el período hasta diciembre de 1999.

El Concejo estuvo paralizado por seis meses. De acuerdo a los registros de la época, la última ordenanza firmada por Borojovich como presidente del cuerpo data de junio de 1998. Recién en diciembre del mismo año se encuentra una nueva acta ya firmada su reemplazante, Luis Scholz.

La obra en El Talar y la causa penal

Durante seis meses no se aprobó ninguna ordenanza. En Mendiolaza ya hubo un intento de revocatoria

Pese a haber sido vendido como que tenían agua y luz, la mayoría de los lotes de barrio El Talar no tuvieron esos servicios hasta la primera década de los 2.000.

En 1996, cuando el barrio estaba prácticamente deshabitado, el municipio adjudicó a la empresa MSB Construcciones la realización de una obra de agua y luz.

Lejos de traer mejoras inmediatas, el proyecto desencadenó una serie de cuestionamientos por parte de vecinos y vecinas que terminó en la causa penal contra los concejales y el quiebre definitivo entre el Ejecutivo y los concejales.

Los cuestionamientos partían de que MSB Construcciones no tenía antecedentes en la ejecución de obra pública, y se extendían al costo de la obra para cada vecino. El precio convenido entre la empresa y el municipio triplicaba otros presupuestos, e incluso superaba el valor que los vecinos habían pagado por sus terrenos.

A pesar de estas diferencias, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo. Y pagó el costo político. Las movilizaciones vecinales no tardaron en escalar, incluyendo manifestaciones en la municipalidad e intervenciones en el Concejo.

Pero el fin de la concesión, y también de los concejales, llegó por vía de la justicia. La ordenanza había sido aprobada sin la debida doble lectura, lo que implicaba una falta grave en el procedimiento.

Como consecuencia de esto, se presentó una denuncia penal que alcanzó a todos los concejales. Los siete fueron imputados, ya que ellos aprobaron la ordenanza que habilitaba el proceso.

El contrato con MSB Construcciones fue rescindido. La empresa demandó al municipio y ganó. El monto original de la demanda fue sumando intereses y costas hasta que en 2014, una sentencia definitiva obligó a Mendiolaza a pagar $17 millones, equivalentes a unos U$1,3 millones.

Esta resolución judicial generó un fuerte impacto en las finanzas locales y motivó la declaración de emergencia económica por parte del gobierno municipal.