Tres años de prisión condicional para Guzmán Vega
Tras nueve años de espera hubo pronunciamiento de la Justicia para los estafados de Mendiolaza. La justicia cordobesa condenó este viernes al ingeniero Omar Alejandro Guzmán Vega por estafas reiteradas a vecinos de Mendiolaza damnificados de las inundaciones de 2015. La causa que llevaba 9 años se originó en la denuncia de vecinos de los barrios Los Cigarrales y El Perchel, a quienes el imputado cobró engañosamente porcentajes de las indemnizaciones que otorgó la Provincia tras la catástrofe. El profesional debía relevar los daños en las propiedades de las víctimas a los fines de tasar el aporte económico de la provincia. En ese contexto solicitó porcentajes indebidos de dichos aportes.
Las denuncias por estas maniobras fueron realizadas en el 2015 por algunos de los damnificados, con el apoyo del entonces concejal municipal Nicolás Martinez Dalke, quien acompañó desde entonces a las víctimas en el proceso.
El juicio abreviado estuvo a cargo de la vocal de Cámara Mónica Traballini, y el fiscal de Cámara interviniente fue Gustavo Dalma. El Ingeniero Guzman Vega reconoció la culpabilidad que se le imputaba y fue condenado a tres años de prisión condicional, tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas e igual período de inhabilitación para el ejercicio de su función como ingeniero civil.
La causa
Siete víctimas llegaron hasta la instancia final del juicio. Justicia para los estafados de Mendiolaza
Tras las inundaciones de 2015 que azotaron las Sierras Chicas, el gobierno de la provincia de Córdoba suscribió en abril de ese año, un convenio con los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos de la provincia de Córdoba, en el marco del “Programa de Reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas en la zona de Sierras Chicas”.
El acuerdo tenía el objetivo de articular acciones de colaboración mutua a realizarse por la provincia y los colegios, a través de los profesionales integrantes de los mismos, con el propósito de cuantificar los daños ocasionados a las viviendas y realizar la correspondiente verificación de las obras de reparación de los damnificados.
En el marco de dicho convenio en junio de 2015 el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba suscribió un convenio particular con el imputado Omar Alejandro Guzmán Vega, Ingeniero Civil, Especialista en Higiene y Seguridad, mediante el cual éste se comprometía a efectuar el relevamiento y cuantificación de los daños materiales en las viviendas afectadas que le fueran asignadas y la verificación de los trabajos a realizarse en las mismas hasta su finalización. Debía luego confeccionar un informe final, a cambio de una contraprestación dineraria por vivienda encomendada. Esta remuneración a cargo de la Provincia, sería cancelada una vez que el ingeniero concluyera las tareas encargadas.
En este contexto, presumiblemente durante el transcurso de los años 2015 y 2016 Guzmán Vega, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las personas damnificadas por las inundaciones y valiéndose de la circunstancia de que su actuación era “en nombre del Estado”, les exigió y cobró a estas personas un determinado porcentaje del monto total del subsidio percibido para la reconstrucción de las viviendas.
De acuerdo a lo presentado, generalmente correspondía a un 10 % del total, en contraprestación por las tareas de relevamiento y seguimiento de las obras. Como consecuencia de esa maniobra engañosa, más de una decena de vecinos de los barrios Los Cigarrales y El Perchel se vieron estafados, de los cuales siete llegaron hasta la instancia final del juicio que hoy tiene por condenado a Guzmán Vega.
Casi una década buscando justicia
Las denuncias por estas maniobras fueron realizadas en el 2015 por algunos de los damnificados, con el apoyo del entonces concejal municipal Nicolás Martínez Dalke, quien acompañó desde entonces a las víctimas en el proceso.
“Un vecino comienza a sospechar y se da cuenta de que había sido víctima de un ardid por parte de este ingeniero que le había prometido a agilizar el trámite con el subsidio que iban a salir de provincia. También le dijo que además en base a su ayuda, le podría hacer la conducción técnica de la obra con el dinero que le daría la provincia. La provincia les pagó a los damnificados en dos veces. Al emitirse el primer cheque el ingeniero les avisa que ya estaba para cobrar, y que él pasaría al otro día a cobrar su dinero. Este vecino se da cuenta, porque nunca recibe la dirección técnica, y el ingeniero solo aparece cuando tiene que cobrar el segundo cheque. Ahí es cuando me lo comenta a mi, y me llama la atención. Averiguando me doy con otros casos de este ingeniero, sobre todo en Los Cigarrales, y radico la denuncia en el fuero penal por posible defraudación en 2016”, relata Martínez Dalke con relación al primer caso que da origen a la denuncia.
Por su parte Olga, vecina de B° El Perchel, una de las perjudicadas por las maniobras del ingeniero, relata: “Yo tuve la mala suerte de que me tocó esta persona. Nos pedía una parte de la plata. Cuando me pagan la primera vez nos pide $60.000, y dijo que teníamos que pagarle si queríamos que nos pagaran la segunda vez. Así que del segundo cheque le tuve que volver a pagar $60.000 más. Averiguando con otros vecinos, me di cuenta que los otros ingenieros no les cobraban a los vecinos. A mi hija también le sacó plata en su casa. Fue así con todos. En El Perchel somos como cinco familias.”
Cabe destacar, que no todos los afectados por este accionar llegaron al juicio que finalmente derivó en la condena de Guzmán Vega. En cuanto a la condena Olga menciona “Estoy feliz, porque no nos merecíamos esto. Que nos sacara cuando habíamos perdido todo. En ese momento yo tenía a mis hijos y nietos. Me entró más de 1,80 m. Lo perdimos todo. Pudimos recuperar muy poco, y la pasamos muy mal, pasamos muchas necesidades después de esa tragedia”.
La sentencia
Condena: tres años de prisión condicional, 16 horas mensuales de trabajo comunitario y tres años de inhabilitación especial parala función públicas y el ejercicio profesional. Justicia para los estafados de Mendiolaza
Desde las denuncias formuladas en 2016, con siete casos comprobables contra Guzmán Vega, la causa transitó un largo derrotero. Entre estas instancias, el imputado solicitó una suspensión de juicio a prueba, mediante el cual no terminaba de reconocer la culpabilidad de los actos que se le imputaban.
En este caso, tras recorrer diferentes instancias, y sucesivos rechazos de este pedido, la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia, donde luego de dos años se resolvió denegar el pedido. Por este motivo, la causa ingresó a la justicia penal para ser sometida a un juicio ordinario. En esta instancia, se fijó el cronograma para las audiencias, que dieron inicio el viernes 14 de junio próximo pasado.
En esta primera audiencia, al llegar a tribunales, Guzmán Vega finalmente reconoció su culpabilidad y aceptó el pedido de condena elevado por el fiscal, arribando de esta forma a una sentencia de juicio abreviado pero en distintos términos a los propuestos en otras instancias.
“Ahora cambia en que él confiesa todo, reconoce el delito, no toca ni una coma de la denuncia original. Lo que si elude el juicio abierto y el debate general,” comenta Martínez Dalke, y agrega “la verdad que esperábamos un poquito más del pedido del fiscal, sobre todo los damnificados que esperaron nueve años”.
De acuerdo a esta resolución, que será publicada en 15 días, Guzmán Vega será condenado a tres años de prisión condicional, 16 horas mensuales de trabajo comunitario, tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas e igual período de inhabilitación para el ejercicio de su función de ingeniero civil, quedando sólo habilitado para ejercer la docencia, ya que acreditó ser sustento de su familia por esta vía. Con esta condena, se abre para las víctimas la posibilidad de accionar en el fuero civil, en busca de un resarcimiento por el daño económico sufrido.
Justicia para los estafados de Mendiolaza
