Primero revisar la deuda y después pasar por el Concejo
El pasado martes 29 de abril, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el Acuerdo Federal 2024, también conocido como Fondo Federal Cordobés, en un acto que reunió a más de 400 intendentes y jefes comunales de toda la provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión y autonomía financiera de los municipios y comunas, en el contexto de la situación económica nacional. El municipio analiza su adhesión al programa que propone refinanciar deudas y financiar obras públicas. La extensión del acuerdo más allá de la gestión y la verificación de la deuda con la Provincia condicionan la posición de Mendiolaza en el Acuerdo Federal
Componentes y destino del Fondo Federal Cordobés
El Acuerdo Federal 2024 contempla dos ejes: la cancelación de deudas municipales y la creación del Fondo Federal Cordobés, con una inversión de $99.750 millones. Este fondo se compone de recursos del Fondo Permanente ($30.000 millones), Aportes del Tesoro Provincial ($55.000 millones), el Fondo Complementario de Obras (10.000 millones) y el Fondo Ambiental (4.750 millones).
La Provincia destinará un total de $112.881 millones a municipios y comunas, duplicando el monto distribuido en 2024. La inversión está destinada a obras públicas, infraestructura, empleo local y adquisición de bienes de capital. Según lo dispuesto, este apoyo financiero se implementará sin comprometer la estabilidad fiscal de la administración provincial.
El Fondo Permanente, originalmente destinado a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros temporales, podrá utilizarse también para la ejecución de obras de infraestructura en espacios bajo jurisdicción municipal, comunal o provincial. Además, se habilita su uso para la adquisición de bienes de capital de cualquier tipo y para atender necesidades planteadas por los gobiernos locales.
Mendiolaza en etapa de revisión
En el caso de Mendiolaza, el municipio mantiene una postura de análisis ante la posibilidad de adherir al Acuerdo Federal 2024. Este acuerdo prevé que las deudas que tenga el municipio, se descuenten de la Coparticipación, en un plazo máximo de hasta 120 cuotas, lo que significa un compromiso para el municipio, de una década.
Según informó Gabriela Díaz, secretaria de Hacienda de Mendiolaza, actualmente se encuentra en proceso de revisión la deuda reclamada por la Provincia, que incluye montos por servicios de EPEC desde el año 2003, adelantos de coparticipación y conceptos vinculados a recursos hídricos. «Nosotros hemos impugnado la deuda», explicó Díaz, quien además precisó que toda la información sobre las deudas que se le imputan al municipio, fue solicitada a fin de ser presentada ante el Concejo Deliberante para su evaluación, y se analice facultar al Ejecutivo para comprometer al municipio en esos términos.
Díaz indicó que el acuerdo prevé un plan de pagos de hasta 120 cuotas, con una tasa de interés que oscila entre el 0 y el 1%. Sin embargo, señaló que la adhesión a esos términos requiere autorización legislativa: «Yo no estoy facultada para comprometer al municipio por ese plazo. Así que en caso de que quisiéramos hacerlo, obviamente hay que pasar por el Concejo y explicarlo».
La funcionaria también remarcó que, más allá de las condiciones propuestas, la prioridad es verificar la legitimidad de los montos reclamados. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda tiene la tarea de contrastar la documentación antes de avanzar en cualquier decisión. «Nosotros tenemos la tarea de verificar y solicitar autorización», sostuvo.
Mientras tanto, el municipio de Mendiolaza continúa evaluando los pasos a seguir en el marco del Acuerdo Federal, con la intención de garantizar que cualquier compromiso asumido sea acorde a su situación financiera y cuente con el respaldo institucional correspondiente.
Un fondo para estabilizar y proyectar
El acuerdo quedó formalmente establecido en el Centro Cívico del Bicentenario, durante una sesión de la Unidad de Trabajo Mesa Provincia – Municipios. La medida busca brindar previsibilidad a los gobiernos locales mediante el refuerzo del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas, sin afectar el superávit fiscal provincial.
Una resolución emitida por la Mesa Provincia – Municipios indicó que las decisiones adoptadas respondieron a la situación financiera de los municipios, así como al volumen de deudas con organismos provinciales, como EPEC, la Caja de Jubilaciones (FOCCA), y tributos como el Inmobiliario, Automotor, Recursos Hídricos y adelantos de coparticipación. Se acordó la consolidación de esas deudas al 31 de diciembre de 2024, con planes de hasta 120 cuotas actualizadas por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que se actualiza diariamente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador es elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se utiliza para ajustar los contratos pesificados por la inflación. Se calcula tomando la variación mensual del IPC y se aplica un factor de actualización diario.
Participaron también autoridades provinciales, entre ellas el Ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el Secretario de Gobierno, Augusto Pastore, el Secretario de Cooperación Institucional, Orlando Arduh, y el Subsecretario de Municipios, Natalio Graglia.Entre los intendentes presentes se destacaron representantes de distintos espacios políticos, como Guillermo de Rivas (Río Cuarto), Marcos Torres Lima (Alta Gracia), Damián Bernarte (San Francisco), Rubén Dagum (Almafuerte), Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Guillermo Ristorto (Pampayasta Sud), Mariano Galfré (James Craik), Sebastián Demarchi (Morteros), Maximiliano Rivarola (Villa Dolores), Emiliano Paredes (Tanti) y Adrián Radice (Villa El Chacay).
Antecedentes y referencias nacionales
El acuerdo también tiene como antecedente el Acuerdo Federal anterior, firmado en 2023, que establecía pautas para el reparto de fondos y la colaboración entre el gobierno provincial y los municipios. Si bien las condiciones actuales presentan un contexto económico más desafiante, la estructura de cooperación entre niveles de gobierno se mantiene como un mecanismo de coordinación institucional.
A nivel nacional, existen otros programas orientados a fortalecer la gestión local. Entre ellos se destacan el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), que articula inversiones en infraestructura básica en barrios vulnerables, y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras en asentamientos registrados en el RENABAP. Estos antecedentes comparten con el Fondo Federal Cordobés la finalidad de canalizar recursos de manera equitativa y con enfoque territorial.
Criterios de distribución y mecanismos de control
El Acuerdo Federal 2024 establece una estructura financiera y operativa para canalizar recursos a municipios y comunas, en función de sus necesidades específicas, bajo criterios definidos por el Gobierno de Córdoba y la Mesa Provincia – Municipios. Esta herramienta busca ofrecer una respuesta integral a la situación de los gobiernos locales, mediante el acceso a financiamiento, condonación o refinanciación de deudas, y disponibilidad de fondos para proyectos prioritarios.
Según se informó, la distribución de los recursos será proporcional a parámetros previamente acordados, con seguimiento administrativo para garantizar su correcta aplicación. Además, se mantendrá abierta la Mesa Provincia – Municipios como instancia de diálogo permanente entre las partes.
El Acuerdo también contempla mecanismos de control y transparencia en la asignación y uso de los fondos, a fin de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los destinos previstos. Estos mecanismos incluyen auditorías, informes periódicos y sistemas de rendición de cuentas.
Desde el gobierno provincial, se informó que la ejecución del fondo comenzará en los próximos meses y que se brindará asesoramiento técnico para la formulación de proyectos.
El acto de firma del Acuerdo Federal 2024 concluyó con la entrega de la documentación correspondiente a cada uno de los municipios y comunas participantes. El Ministerio de Gobierno será el encargado de coordinar las etapas posteriores de implementación y supervisión, junto con los organismos técnicos involucrados.
