Mendiolaza y El Montecito

Alerta por proyecto inmobiliario en zona roja

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Vecinos de B° Los Cigarrales de Mendiolaza, participaron el sábado de la “carteleada” organizada por Asamblea del Monte de Unquillo (AMU). Pintando carteles y pancartas manifestaron su preocupación por la inminente resolución de la causa judicial que se sostiene con relación al emprendimiento inmobiliario conocido como “El Montecito” y que perjudicaría directamente a su barrio.

Así en Unquillo, como en Mendiolaza

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La jornada convocada por la AMU, una organización de vecinos y especialistas, que trabajan de manera permanente en defensa del bosque nativo, se realizó el sábado 29 en el Parque Integrador de Unquillo.

La principal preocupación de los vecinos de Mendiolaza, radica en que el proyecto ocuparía un terreno elevado, cuya pendiente natural de desagote es hacia su barrio y zonas aledañas que bajan hacia la cuenca del río. Los Cigarrales, el barrio más afectado por la inundaciones, quedaría en una situación de mayor vulnerabilidad aún.

“No hacer nada es peor que hacer algo, aunque sepamos que es muy probable que uno pierda”, remarca Tere Mónaco, vecina de Los Cigarrales  de Mendiolaza, presente en la actividad. También sostiene que es fundamental comprometerse y participar en todo lo que sea posible.

Otro de los vecinos presentes, Walter Echenique, remarca que el compromiso no sólo debe ser de los vecinos, sino también de aquellos representantes de espacios políticos que deberían dejar de manifiesto su postura en estos temas. Otro de las vecinas insiste en que “hay que seguir en la lucha, y avisar a otros vecinos, que se tome con responsabilidad, y compromiso, para apoyar a estos grupos que con tanto sacrificio luchan para conservar esto”.

Los carteles y pancartas confeccionados el sábado se utilizarán para esperar en la puerta del predio destinado al emprendimiento la vista del  juez Leonardo Massimino,  quien tiene en sus manos la decisión final de la actual instancia de la causa sobre el tema, iniciada en 2019.

El Montecito

Mendiolaza y El Montecito. Mapa de localización

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Con este nombre se conoce el proyecto inmobiliario, de la empresa Cahuana, comprendida dentro del fideicomiso El Cigarral. Este desarrollo, que e presentó originalmente en el año 2012 como un loteo para barrio cerrado en un predio privado, se encuentra enclavado en el corazón del bosque nativo serrano. A raíz de esto, comenzó el derrotero, que traería consecuencias judiciales  y diferentes reveses, no sólo para la propia desarrollista, sino también para los mandatarios de la localidad vecina.

En su plan original se trataba de 700 lotes sobre unas 125 hectáreas sobre faldeo serrano para un barrio privado. De estas 125 hectáreas, 91,5 están declaradas zona roja establecidas por la Ley de Bosques nacional, y reconocidas así por la Provincia. 

Según la Ley 26331, las zonas rojas son “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Son los que deben permanecer como bosques para siempre”.

Con el paso de los años, el proyecto fue contemplando algunas modificaciones mínimas, con el interés puesto en su aprobación e inicio. Ante este panorama vecinos de la región, se han movilizado de manera incesante, para frenar el desmonte de una zona protegida, y evitar así las consecuencias ambientales que traería aparejadas.

En la causa judicial en la que los vecinos lograron un amparo, se abordó con especialistas las consecuencias que tendría un desmonte. Mucho se habló en el corredor, de los efectos de los desmontes cuando tuvo lugar la inundación vivida en el año 2015. Si bien desde la desarrollista se insiste en que el proyecto prevé la creación de lagunas de retardo, los amparistas y sus peritos sostienen que una obra de ingeniería como tal, solamente retiene el agua.

«No cumplen todas las funciones del bosque en su absorción, que es retener el agua, pero también el suelo, pero también evitar la erosión y también que tengamos agua en época de sequía, digamos, ir filtrando el agua, el llamado de efecto de esponja” remarca Cecilia Michelazzo, una de las voceras de AMU .

A todo esto se suma la pérdida inconmensurable de biodiversidad, como también quedó establecido en la causa a través del perito de parte, el reconocido biólogo e investigador de CONICET Marcelo Cabido. En este punto es importante recordar que la provincia de Córdoba ha perdido el 95% de su bosque nativo. Entre 2001 y 2022 perdió más de 102 mil hectáreas, según un estudio del organismo internacional Global Forest Watch

 

Más de una década de lucha

Mendiolaza y El Montecito. Jornada para pintar carteles de protesta

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El conflicto por El Montecito lleva más de una década. Ha atravesado un camino muy largo de procesos judiciales, denuncias, y sobre todo, lucha de vecinos autoconvocados en defensa del bosque nativo.

El origen data del año 2012 cuando el entonces Intendente de la localidad de Unquillo, Germán Jalil, otorgó la prefactibilidad a este proyecto urbanístico. 

En 2013 se sancionó una ordenanza que prohíbe la creación de barrios privados, lo que en principio no afectaba la prefactibilidad otorgada con anterioridad. 

Sin embargo, tras las inundaciones de 2015, se suspendieron por 180 días las autorizaciones a loteos y subdivisiones hasta hacer estudios y prevenir futuras catástrofes. Se conformó por entonces un Comité de Cuenca para analizar y planificar una normativa adecuada para el crecimiento sustentable de la región. La suspensión terminó sin mayores avances en la materia y se reanudaron los proyectos. Ese mismo año tuvo lugar una audiencia pública histórica, con más de 50 exponentes a lo largo de cuatro días, en la que se puso de manifiesto la oposición de los vecinos a este proyecto.

En 2016, ya siendo  intendente de Unquillo Jorge Fabrissin, se retiró la prefactibilidad “por razones técnicas y legales” y de esta manera parecía quedar frenado el loteo. Sin embargo, el mismo Intendente, meses más tarde apruebó la factibilidad para otro emprendimiento, de la misma empresa, en el mismo terreno. Esto, ordenanza mediante, implicó una denuncia penal tanto para Fabrissin, como para Jalil, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y también a los concejales que aprobaron dicha ordenanza autorizando un loteo en una zona protegida. Actualmente la causa se encuentra sin resolución ni mayores avances.

Esta denuncia fue una ampliación de una denuncia hecha previamente contra el Ing. Santiago Gerardo Martínez, jefe del Área de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, quien emitió dictámenes favorables para el desarrollo inmobiliario, aun cuando reconoció que el sector a desmontar es una zona roja. 

En el año 2019 se presentó un recurso de amparo ambiental colectivo, que recayó en la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación,  para evitar de manera definitiva el desarrollo inmobiliario.

La actual etapa de la causa estaría a punto de culminar. Ya han concluído las pericias y para el 17 de agosto se espera la inspección judicial en el predio por parte del tribunal representado por el juez Leonardo Massimino. Ese día, vecinos del corredor convocados por la Asamblea de Monte, se harán presentes en la puerta del predio, expresándose con los carteles que se pintaron el sábado.

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