Profesionales y familiares participaron de la protesta
Paro de discapacidad en Mendiolaza
Hoy se concretó el paro con movilización del colectivo de discapacidad en todo el país. Profesionales y transportistas, prestatarios de obras sociales, abandonaron sus lugares de trabajo y se concentraron en distintos puntos del país. Trabajadores, pacientes y familiares de Mendiolaza se sumaron a la marcha en Córdoba, frente al Patio Olmos.
Los recortes en el área de salud afectan la atención de aquellos pacientes que tienen Certificado único de Discapacidad (CUD). Retrasos en los pagos y la inflación terminan por licuar la retribución de los prestadores.
Ana Carolina Aiassa, vecina de Mendiolaza y Directora de la Fundación CAIP de Villa Allende, explica la situación: “El Estado debe garantizar la prestación de los servicios de salud, terapias e incluso acompañamiento pedagógico. El Estado no gasta, invierte, invierte en la inclusión. Porque las personas que antes no eran incluidas, hoy son incluidas Y, en este marco, hay que destacar la importancia y el rol que ocupan los profesionales de salud”.
La realidad es alarmante y data de varios años atrás. Los recortes, demoras y hasta falta de pagos por parte de las Obras Sociales, son recurrentes.
“Se ha naturalizado que el cobro de las prestaciones se realice a los 90 días, así como la tercerización de las prestaciones – comenta la Lic. Aiassa – Hay obras sociales que tienen deuda desde el año 2021 inclusive”.
“Los profesionales no tienen certeza del cobro de su trabajo en tiempo y forma – detalla la directora de CAIP – Algunas obras sociales pagan honorarios aun menores a los mínimos sugeridos por los colegios profesionales. No sólo que el monto de la consulta es menor, sino que cuando se cobra ya fue afectado por la inflación”.
Prestadores y beneficiarios igualmente perjudicados
El CUD es un documento público válido en todo el país para las personas con discapacidad, que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.
A través de las obras sociales el Estado debe garantizar la cobertura del 100% de las necesidades de rehabilitación: medicamentos, equipamiento, tratamientos y transporte. Pero la actual situación atenta contra los prestadores de los servicios de salud y contra las mismas personas con discapacidad.
“Tenemos, maestras integradoras que hace cuatro meses que no cobran su sueldo. Hay niños, que no pudieron asistir al colegio, porque su obra social demoró, o no autorizó las órdenes. Niños, que no pueden ir al colegio sin acompañamiento”, detalla la Lic. Aaissa.
En la otra punta de la precarización de los prestadores, están las personas con discapacidad. Son quienes quedan sin asistencia cuando los prestadores ya no pueden soportar las demoras del sistema. Carlos, vecino de Mendiolaza y padre de una niña con discapacidad comenta su experiencia con la obra social de gastronómicos (Osuthgra): “El transportista nos cortó el servicio porque no le habían pagado nada de 2021. Desde la obra social no nos dieron ninguna solución, nos dijeron que cambiáramos de prestador y nos pasaron un listado. Pero ninguno de los transportistas de ese listado quería trabajar más con ellos. Que perjudiquen a quienes ayudan a nuestros hijos es un doble daño para ellos”.
Paro de discapacidad en Mendiolaza
