Será obligatorio responder por obras decididas por privados
Este miércoles se aprobó en el Concejo Deliberante la ordenanza de Contribución por Mejoras. El oficialismo con mayoría propia, consiguió aprobar esta normativa impulsada por el Ejecutivo, que dispone que los vecinos pagarán por mejoras en Mendiolaza. Para los proyectos ejecutados bajo esta modalidad, los propietarios deberían responder hasta por el 33% del valor real de sus inmuebles.
Tras una primera presentación, el articulado propuesto sufrió modificaciones que fueron expuestas durante la reunión de trabajo en comisión del martes pasado. En esa reunión estuvieron presentes Gino Maurino, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Carlos Tillard asesor letrado del municipio, y Alejandro Medrano, secretario de Gobierno. También participó un nutrido grupo de vecinos, que en acalorado debate manifestó su oposición al proyecto.
Sólo una vecina, en nombre de la comisión vecinal de B° El Alto, manifestó su apoyo. Las demás comisiones vecinales, ingresaron formalmente una nota solicitando se rechace el proyecto in limine.
Los principales temores y objeciones expuestos por los vecinos fueron: que el Estado municipal se aparte de su función en la realización de las obras publicas, que la deuda pueda ser ejecutada directamente por la contratista debiendo los vecinos responder con sus bienes y su propia vivienda, que sólo se realicen obras en las zonas con mayor poder adquisitivo aumentando la desigualdad en detrimento del resto de la ciudad, y que se realicen obras sin la existencia de un plan de ordenamiento territorial, continuando un crecimiento problemático de la ciudad. «Los vecinos de otra cuadra pueden decidir una obra que haga que yo me inunde en mí cuadra», ejemplificó una vecina.
Las modificaciones introducidas por el oficialismo, y otras propuestas por los ediles de la oposición, intentaron achicar las diferencias entre el proyecto y lo expresado en los debates previos con los vecinos. No obstante, el texto definitivo no conformó ni a los concejales opositores, ni a la mayoría de los vecinos.
Finalmente, la ordenanza fue aprobada en la mañana del miércoles. Votaron a favor los miembros del bloque oficialista concejales: Lucía Roselli, presidenta del cuerpo, Miguel Ruffini, María Dolores Aramburu y Ramiro Grunwaldt (Propuesta Republicana); En contra: Gerardo Felippa y Lina María Catraro (Hacemos Unidos por Córdoba) Ausente por enfermedad: Martín Marcolongo (Unión Cívica Radical).
Cómo se llevarán a cabo las obras públicas.
De acuerdo a lo presentado y aprobado en la nueva ordenanza las obras públicas se podrán llevar a cabo, a iniciativa de un grupo de vecinos de la ciudad. En este punto el proyecto fue modificado ya que originalmente se hablaba de “iniciadores”. La ordenanza refiere ahora a los “vecinos” como promotores de la iniciativa de obra.
De esta manera la norma dispone tres pasos que deben llevar a cabo los interesados: solicitud de factibilidad, solicitud de apertura de registro de oposición y solicitud de declaración de utilidad pública y pago obligatorio. Para la solicitud de factibilidad deberán presentar una solicitud firmada por el 30% del total de contribuyentes que estiman se encontrarán dentro de la Zona de Beneficio.
En este último punto, en cuanto a los beneficiarios, hubo también debate en comisiones previas. Los vecinos objetaron que el concepto de Zona de Beneficio resulta ambiguo y demasiado imprecisa.
Por ese motivo en la ordenanza aprobada se establece que será el Ejecutivo el encargado de delimitarla “donde se extienda el mayor valor generado por una obra, plan o conjunto de obras”. Para esto deberá tomar en cuenta criterios como: tipo y características de las obras a ejecutar, rango o magnitud de la obra, área o región en que se localiza la obra, plan o conjunto de obras, tipo de beneficio que genera. Si así lo considera, podrá el Ejecutivo decretar la factibilidad requerida ad referéndum del Concejo Deliberante.
También este mecanismo se modificó respecto al proyecto original que preveía la aprobación exclusivamente por parte del Ejecutivo.
Para el segundo paso los vecinos deberán sumara al 30% de solicitantes, un registro firmado por otro 21% , de propietarios beneficiados de la obra. De esta manera, con el acuerdo del 51%, se podrá avanzar con el proyecto.
En esta etapa, también se abrirá el registro de oposición cuanto al porcentaje de oposición. La ordenanza aprobada establece un plazo de 30 días, para que se expresen quienes se opongan a un proyecto y prevé que el avance puede ser autorizado por el Departamento Ejecutivo mediante decreto siempre que no haya mediado “una oposición superior al treinta por ciento (30%) del total de los beneficiarios”.
Esta es otra de las modificaciones introducidas al proyecto original, que preveía la apertura del registro por un término de 20 días, y en caso de mediar una oposición del 40%, el proyecto no podía continuar.
Qué se paga y por qué se paga
De acuerdo a esta ordenanza los vecinos propietarios se ven beneficiados por una obra que aumenta el valor de un bien inmueble de su propiedad, o sobre el cual ejerce derechos posesorios. Es este aumento de valor, el hecho que se determina como imponible. “Contribución por mejoras es el tributo que abona el contribuyente para hacer frente al costo de ejecución de una obra que genera un beneficio y aumenta el valor de un bien inmueble de su propiedad, o sobre el cual ejerce derechos posesorios” reza el primer articula de la nueva ordenanza.
En este punto se modificó el término “Plusvalía” del proyecto original, ya que se entendía que era un término ambiguo y que permitía amplias interpretaciones, por lo que se circunscribe al aumento del valor de un bien inmueble. Aún así, queda sin definición quién y cómo define tanto el valor de la propiedad, como el porcentaje en que ese valor se aumenta por una determinada mejora.
Lo que sí deja en claro la ordenanza es que «El monto máximo de la contribución que recaiga sobre cada inmueble no puede superar en ningún caso el importe del mayor valor que adquiera el bien por la realización de las obras. Si este mayor valor recibido superara el treinta y tres por ciento (33%) del valor real del inmueble, antes de la incorporación del mayor valor por la obra, la
contribución quedará reducida a ese porcentaje».
El volumen del aporte de los ciudadanos dependerá del tipo de obra que se trate. En caso de obras nuevas será el 100% del total de la obra, mientras que en trabajos de renovación de obras existentes, será un porcentaje variable entre un 40% y un 70%, según resuelva discrecionalmente el Departamento Ejecutivo.
En cuanto a la posibilidad de que sea el municipio quien asuma los costos de la obra, el proyecto aprobado establece “ARTICULO 11°: Si el Proyecto contempla aporte del Municipio, ya se trate de aporte dinerarios, de financiación o de administración o de cualquier naturaleza o especie que suponga un gasto para el erario público, el D.E. deberá remitirlo al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual aprobación. En todos los casos la contribución por mejoras será como mínimo el 30% del costo total de la obra o adquisición.” En el proyecto original, el porcentaje era del 50%.
En este supuesto la obra debe ser aprobada mediante tratamiento en el Concejo Deliberante. En todos los demás casos, su aprobación es potestad del Ejecutivo, lo cual fue motivo de observación y objeción por parte de los concejales Felippa y Catraro en los trabajos de comisión.
Cabe mencionar, que en la ordenanza aprobada no se especifican tipos de obras. En el primer proyecto se presentaba una lista, aunque no taxativa. En la presente ordenanza no se especifica.
El secretario de Obras Públicas, Gino Maurino, presente en comisión mencionó sobre este punto que puede tratarse “desde una obra de gas hasta una de tratamiento de escorrentías de lluvias”. Por su parte, Carlos Tillard asesor letrado del municipio dio como ejemplo la adquisición de cámaras de seguridad. En ese caso comentó que vecinos de Sierra Nueva están esperando esta ordenanza para instalar cámaras en su barrio.
Mora y Mediación obligatoria
Uno de los puntos que mayor preocupación despierta en los vecinos es que, al tratarse de obras públicas, los costos pueden llegar a exceder las posibilidades de los contribuyentes y las consecuencias que implicaría el entrar en mora. La ordenanza habilita a que ante el retraso en el cumplimiento de las cuotas, la contratista pueda reclamar el pago del total del costo de la obra.
La primera o única cuota, dependiendo del caso, será exigible cuando hayan transcurridos diez días desde el acta de Inicio de los trabajos o desde la fecha de emisión del primer certificado de avance de obra.
De acuerdo a la norma, incurre en mora “el contribuyente que notificado de la liquidación y de la fecha que le corresponde abonar el tributo conforme al plan de pago que ha escogido, ya sea por elección expresa o por omisión, no abonare el monto de la Contribución por Mejoras a la fecha de su vencimiento de la cuota única, si es que optó por el pago de contado, o cuando sume tres (3) cuotas seguidas y consecutivas impagas o cinco (5) alternadas, si es que optó por algún plan de pago en cuotas. En estos casos, se considerará el total de la deuda como de plazo vencido y facultará a exigir al acreedor el total de ella, como si se tratare de una obligación de plazo vencido.”
La norma impone una instancia de mediación obligatoria como requisito previo a la iniciación de acciones judiciales.
Por otra parte, en otro apartado, se señalan los inmuebles que quedan eximidos de la contribución, tales como los edificios públicos, o inmuebles del dominio privado de jubilados y/o pensionados con domicilio en la ciudad de Mendiolaza, que sea única propiedad inmueble y que sus ingresos no superen el haber mínimo de la jubilación que paga el ANSES. También inmuebles del dominio privado de ex-combatientes de Malvinas, o sobre el cual ejerza derechos de posesión a título de dueño, que constituya su única propiedad inmueble.
La opinión de los vecinos
Durante el tratamiento de este proyecto de ordenanza diferentes vecinos se hicieron presentes en los trabajos de comisión para escuchar el debate, y presentar sus dudas y objeciones.
En la última reunión una vecina presente hizo uso de la palabra y refirió que es importante analizar la ley en su conjunto, ya que lo relevante es el espíritu mismo y sus consecuencias, y no el simple desglose de su articulado. “Lo que importa es que encontremos el valor real de la normativa para regular la vida colectiva. Lo que no entendemos es por qué si acá estamos demostrando que tiene muchas deficiencias esta normativa, igual se va a aprobar” insistió la vecina. También remarcó que esta ordenanza viene a profundizar las desigualdades ya que pone el foco de la obra pública desde una visión mercantil, y permitirá que se ejecuten obras en aquellos espacios de la ciudad donde las personas puedan realizarla a su cargo, quedando totalmente relegados los demás sectores. “Lo que significa que a esta ciudad la va a decidir un grupo minoritario de ciudadanos. Es una normativa antidemocrática que va a permitir a unos decidir por encima de otros solo con la fuerza del dinero”, interpeló.
En similar sintonía, otros oradores manifestaron que esta ordenanza se contradice con lo propuesto por el plan de ordenamiento territorial que se intenta llevar a cabo. En este sentido cabe destacar que desde diferentes sectores se encuentran reunidos periódicamente para analizar por iniciativa propia el ordenamiento territorial, sin tener aún novedades oficiales del proyecto impulsado desde el municipio.
Desde la mayoría de las comisiones vecinales de Mendiolaza se firmó un documento, que fue ingresado este miércoles, donde se solicitaba expresamente que la ordenanza no fuese aprobada.
A este documento suscribieron todas las comisiones con excepción de la comisión de B° El Alto. Desde esta comisión, Marcela Santini, en la reunión de comisión, se pronunció a favor de la ordenanza y manifestó “negarnos a un instrumento solamente porque falta algo que va a llevar mucho tiempo de hacer como es el ordenamiento territorial, me parece que es solamente plantear obstáculos (…) A mi me gustaría que las obras las podamos hacer, financiar y controlar los ciudadanos y no el Estado”.
La nota de las comisiones vecinales
En la nota presentada por las demás comisiones vecinales, manifiestan:
RECHAZAMOS el nuevo proyecto de ordenanza de CxM, sin adentrarnos en el análisis de su articulado por entender que va a nacer viciado, por carecer de un elemento fundamental como es la de fijar las prioridades y necesidades de los vecinos, es decir la voluntad de que los vecinos avalen y acompañen la realización de obras y servicios en miras de un buen vivir. Sería como darles un aval en blanco, corriendo el alto riesgo de que quien deba tomar la determinación de la realización de una obra o servicio, lo haga de espaldas a los vecinos.
Asimismo enumeramos algunos de otros motivos por los cuales solicitamos su rechazo:
Es autoritario, ya que no cuenta con la debida participación.
- Es contradictorio, impreciso y ambiguo.
- Va en contra de nuestra libre elección.
- Genera un gravamen hipotecario sobre nuestras propiedades (Art. 1°; 2°; 9°; 27; 28 y concordantes).
- La solicitud de 3 de cada 10 vecinos no es suficiente para impulsar una obra (art. 6°).
- Tampoco con el aval de 5 de cada 10 vecinos es suficiente para generar un tributo hipotecario (Art. 8°).
- Resulta arbitrario el factor d) del artículo 9° para determinar una fórmula para establecer el beneficio.
- Las excepciones al pago son inequitativas y arbitrarias (Art. 25 y 26).
- No define claramente los beneficiarios directos e indirectos.
- Pedimos un registro de adhesión y no de oposición.
- Exigimos afianzar o garantizar el avance y cumplimiento de las obras con un aval suficiente.
- Taxatividad en las obras y servicios que se puedan incluir y no mera enunciación.
Vecinos pagarán por mejoras en Mendiolaza